Accion Urgente: Por la no criminalización de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey


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Estimadas y estimados compañeros, este 12 de junio, el Juez Quinto de Distrito en materia penal en Nuevo León determinó emitir la orden de aprensión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad en Monterrey.

La radio solicitó permiso para transmitir desde el 2002, al no obtener respuesta satisfactoria por parte del Estado, comenzó transmisiones dando un servicio a la comunidad. El 6 de junio de 2008 fue cerrada con un uso desmedido de la fuerza pública y la propia Secretaría de Gobernación inició un procedimiento penal.

Este caso se suma al de otras emisoras que han sufrido hechos similares a partir de la actual administración lo cual muestra un endurecimiento de la política gubernamental en contra de las radios comunitarias y la criminalización de sus integrantes.

Hoy nos encontramos frente a la posible detención de un compañero por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Por tanto acudimos nuevamente a ustedes a fin de solicitarles el envío de esta acción urgente a las autoridades, con copia a AMARC México.
Al final vienen los correos electrónicos y el fax de AMARC para que nos puedan mandar na copia. Les anexamos a continuación un modelo de carta, tanto en el cuerpo del correo y en archivo anexo.

Gracias por su solidaridad,

AMARC México

Carta Modelo

Fecha en la que se envía la carta

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Pesidente de la República

C. Fernando Gómez Mont
Secretario de Gobernación

C. Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República

Juez Quinto de Distrito en materia Penal
Estado de Nuevo León

Este 12 de junio el Juez Quinto de Distrito en materia Penal en el Estado de Nuevo León emitió la orden de aprensión en contra de Héctor Camero dentro de la causa penal 85/2009, instruida en su contra por presuntamente usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso del Estado, delito tipificado en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de prisión hasta por 12 años.

Esta decisión se dio tras la ejercitación de la acción penal que el Ministerio Público Federal realizó al consignar al Juez Federal la averiguación previa número 83/ueidaple/2/2008, como parte de la investigación iniciada a denuncia de la Secretaría de Gobernación.

“Tierra y Libertad” es el nombre de una colonia ubicada en la ciudad de Monterrey que empezó a formarse en la década de los setenta como una forma de darle solución a la problemática de regularización y repartición de tierras para uso habitacional. Ciudadanos y ciudadanas se organizaron y lograron la regularización de sus terrenos. Deciden formar una asociación civil para atender necesidades de carácter social y derechos humanos de la comunidad. Para contribuir a estos objetivos, deciden establecer una radio comunitaria.

Desde el año 2002, la asociación solicitó un permiso para operar la radio comunitaria a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ante una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, comenzaron a transmitir de manera abierta.

El 18 de abril de 2008, la Unidad Especializada de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República.

El 6 de junio de 2008, más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva llegaron a las instalaciones de la radiodifusora y aseguraron los enseres y aparatos para la transmisión (transmisor y antena) así como dos computadoras, una consola y micrófonos. No dejaron copia de la diligencia del equipo asegurado, ni citatorio alguno, violando con ello las garantías del debido proceso legal.

El 3 de octubre dos de los integrantes de la radio recibieron un citatorio para comparecer en la averiguación previa. El 14 de noviembre de 2008, Héctor Camero y Wilfredo Verdugo comparecieron ante el ministerio público en calidad de testigos. El 12 de marzo Héctor Camero fue llamado nuevamente a comparecer y se le notificó su calidad de indiciado. El 28 de mayo los integrantes de la radio fueron notificados de la consignación del expediente ante el poder judicial de la federación.

Estos hechos se suman a los sufridos por otras emisoras comunitarias y demuestran el endurecimiento de la política gubernamental en contra de las radios comunitarias. La utilización desproporcionada de la fuerza pública en el cierre de estas emisoras y la falta de respuesta frente a la solicitud de permisos violentan los principios de certeza jurídica, legalidad, debido proceso y el derecho a la libertad de expresión.

A estas violaciones a los derechos humanos se suman el inicio de procedimientos penales en contra de integrantes de las radios comunitarias por parte de la propia Secretaría de Gobernación, la integración de averiguaciones previas ilegales e infundadas por parte de la Procuraduría General de la República y la emisión de órdenes de aprensión por parte del Poder Judicial de la Federación.

La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalziación en contra de las radios comunitarias.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han mostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Estos hechos, por ser constitutivos de violación a los derechos humanos, contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que México se ha comprometido a cumplir y lo que los organismos internacionales han dicho en cuanto a que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen y los pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben emplearse las vías menos lesivas, de no ser así su utilización resulta abusiva y criminalizante.

Las radios comunitarias, por su naturaleza social, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave al bien. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesario ni proporcional.

Por tanto, quienes suscribimos esta carta expresamos nuestro rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacemos las siguientes

Peticiones:

Que el juez que integra la causa penal contra Héctor Camero determine su inmediata e incondicional libertad conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como de la interpretación autorizada que de ellos han hecho los órganos encargados de la defensa de los derechos humanos tanto universales como regionales.

Que la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la República se desistan de manera inmediata de la acusación ilegal e infundada en contra de Héctor Camero ya que, por la naturaleza de la labor social de las radios comunitarias, en ningún momento se ha generado un daño grave ni irreparable al espectro radioeléctrico como bien propiedad de la nación.

Que el Estado Mexicano deje de emplear el derecho penal en contra de las y los defensores de los derechos humanos como lo son las y los comunicadores comunitarios y que asuma el criterio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de no usar abusiva, indiscriminada y arbitrariamente el derecho penal para criminalizar a los movimientos y luchadores sociales.

Atentamente,

Nombre de la persona firmante
Nombre de la organización

Favor de enviar copias de sus cartas a:

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
PALACIO NACIONAL
Túnel de la Mortadela, Planta baja, col. Centro, Deleg.Cuauhtémoc.
C.P. 06067. México, Distrito Federal.
Teléfono: 01-800-080-1127(llamada sin costo) FAX: (55) 5093-4901

felipe.calderon@presidencia.gob.mx

C. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta
Secreatrio de Gobernación
Bucarlei 99 Edificio Cobián, Piso 1
Cuuahutémoc, D.F.
Teléfono: (55) 50933400

secretario@segob.gob.mx

C. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República    
Procuraduría General de la República,
Av. Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax:+52 55 5346 0908 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)

Juez Jesús Salvador Fraustro Macareno
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León
Av. Constitución No. 241 Pte. Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000
tel. DIRECTO: (01 81) 80 47 01 12
CONMUTADOR 80 47 01 00 EXT. 1120 /
FAX 1125,

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Vista Hermosa no. 89, col. Portales, C.P. 03300
Teléfono: 56 72 49 61 Fax: 25 9565 83

C.E: Aleida@prodigy,net.mx, laura.salas.s@gmail.com

~ por Antonio Hernández en 1 julio, 2009.

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