Congreso de Nuevo León y la destrucción de las áreas protegidas | Antonio Hernández.


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Para Liz.

Son dos las obras avaladas por el Congreso de Nuevo León, contrarias la conservación de las áreas naturales protegidas (ANP) existentes en la zona metropolitana de Monterrey. La más reciente, el estadio en el bosque La Pastora. La previa, el Arco Vial Sureste en la Sierra Cerro de la Silla.

En ambos proyectos el papel del Congreso ha sido básico, y sin el aval de ese poder, nunca hubiera sido posible impulsar esas obras. Al implicar afectaciones ambientales en las dos zonas protegidas, los dos proyectos requieren autorizaciones federales que no son posibles de obtener a menos de contar con el visto bueno del Congreso, además de otras consideraciones básicas como el financiamiento de esos proyectos bajo la modalidad de impuestos de mejoría especifica.

En el ejemplo del Arco Vial Sureste, el Congreso etiquetó ese proyecto como obra de interés e utilidad pública, única circunstancia bajo la cual se permitía la urbanización de las zonas con mayor grado de conservación en la Sierra de la Silla, en una clara violación a la Ley Ambiental de Nuevo León, que regula el manejo de las ANP’s estatales.

Además de la irregularidad, esa legislatura local autorizó el cobro de un impuesto de mejoría especifica a quienes posean terrenos en la zona de influencia de la obra, para garantizar el dinero requerido para construir el proyecto, principal amenaza de la integridad de los ecosistemas que se encuentran en la sierra conformada en su porción extrema por el Cerro de la Silla.

Un caso actual es la construcción del estadio del equipo de fútbol de los Rayados en el bosque de La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León. Repitiendo la actuación de la legislatura previa, el Congreso aprobó ceder en comodato por 60 años a FEMSA 250,000 metros cuadrados requeridos para la habilitación de la obra. Lo ilegal de ese comodato radica en que el estadio no es una obra de interés e utilidad pública de acuerdo a las leyes ambientales y de desarrollo urbano aplicables, requisito ineludible para otorgar la cesión a la empresa de bebidas. A pesar de esa condición, la legislatura, liderada por el grupo legislativo del PRI, en asociación con el PAN, aprobaron regalar un bien público a la empresa. El patrimonio de la comunidad para la realización de negocios, situación agravada con el impacto ambiental negativo e irreversible.

La inversión de ambos proyectos supera los cinco mil millones de pesos. Tal es el valor de vulnerar de modo irreversible el patrimonio natural y cultural de la comunidad en Nuevo León. Una cantidad importante, que como sus promotores argumentan, puede ser parte de la estrategia para reactivar la economía, o generar empleos.

El negocio no es posible ignorarlo, por el monto económico de los proyectos. Lo que si debe advertirse, es el costo ambiental de esas obras. No debe impulsarse el crecimiento de la metrópoli o la creación de empleos con la destrucción de las áreas naturales y los servicios ecosistémicos inherentes, beneficios comunes a toda la población, depredadores incluidos.

Si al estadio pero en otro lado, es la frase que sintetiza la posición de los grupos ciudadanos que impugnan la construcción del estadio en el Bosque de La Pastora. Los alcaldes de Monterrey, Santa Catarina, y la alcaldesa de Escobedo, ciudades del área metropolitana de la capital de Nuevo León, también pidieron el estadio en su territorio. Las voces a favor de la conservación del bosque en consonancia con las autoridades que pedían la obra. La inversión se mantiene viva, sin los agregados negativos de la afectación ambiental, y el despojo de los bienes públicos de la comunidad.

Es el caso del Arco Vial Sureste, cuyo impacto ambiental es más amplio que el estadio. La obra puede ser construida, modificando su trazo, evitando cruzar por la Sierra de la Silla. Ese cambio significativo mantiene la función de la obra como libramiento carretero, también la inversión económica que implica, y anula posibilidad de impacto ambiental negativo a las dos áreas naturales protegidas que se encuentran en la Sierra de la Silla.

Es un hecho que las opciones que incluyen el desarrollo de la metrópoli y la conservación de los ecosistemas son claras y pueden ser compatibles. Esas alternativas deben ser consideradas por el poder público al momento de tomar sus consideraciones. Actualmente no es así, y el ejemplo del Congreso es significativo. Ejecuta sus decisiones sin atender las propuestas ciudadanas. Hace su trabajo sin considerar las leyes relacionadas, y sencillamente declara leyes y decretos sin tomar en consideración la trascendencia de sus actos, la depredación que de ellos se deriva, el despojo de bienes públicos en posesión de la comunidad, e impone el desarrollo de la ciudad hacia la totalidad de las áreas naturales protegidas existentes en la metrópóli.

Antonio Hernández Ramírez.

t608138@gmail.com

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~ por Antonio Hernández en 27 diciembre, 2010.

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