La CEDHNL y el acceso a la justicia ambiental | Antonio Hernández.


Si

Para Liz.

Algunos de los casos de afectación ambiental de las áreas naturales protegidas en la zona metropolitana de Monterrey y su periferia han sido objetados bajo la óptica y esperanza de los derechos humanos. Los resultados de estas aproximaciones siempre han sido exiguos, carentes de aproximaciones criticas a las respuestas gubernamentales sobre algunos casos representativos.

Un antecedente reciente fue cuando personas residentes en las comunidades rurales de la Reserva Natural Estatal Sierra Cerro de la Silla, al pedir la ampliación del período de consulta del programa de manejo de dicha área natural protegida (ANP), recibieron en réplica una negativa del gobierno de Nuevo León, al considerar esa administración que la petición no estaba fundamentada técnicamente. Esa replica adversa era contrastante con la recibida por la delegación en Nuevo León de la Semarnat, que solicitó al mismo gobierno el alargamiento del periodo de consulta, y la misma fue aceptada sin mayor complicación, a pesar de carecer de fundamento técnico alguno.

Además del amparo en contra de esa decisión autoritaria, se ingresó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), buscando revertir la injustificada decisión, que en el fondo tenía la motivación de inhibir las movilizaciones en contra del Arco Vial Sureste y sus túneles atravesados en la Sierra de la Silla. A esa Comisión le basto el oficio de respuesta a las personas residentes donde se les comunicaba lo inoportuno de su petición por carecer de justificación técnica, sin considerar que otra petición similar, carente de método y ciencia, recibió atenta contestación positiva, para establecer que no existía perjuicio en contra de la población quejosa.

En la parte federal las cuestiones no son mejores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartó cualquier afectación en el interés de las personas en las comunidades de la misma sierra, a una participación equitativa e integra en la gestión de las decisiones relacionadas con el manejo del ANP Sierra Cerro de la Silla.

El caso se originó cuando se ingresó a la Semarnat una comunicación solicitando se informara de la gestión de cualquier solicitud de autorización ambiental relacionada con un proyecto carretero, con el fin de gestionar la consulta pública de la obra en los tiempos definidos por la ley.

La delegación en Nuevo León de esa secretaría avisó extemporaneamente el ingreso de una solicitud de autorización de impacto ambiental para una carretera y dos túneles, once días después de la fecha de ingreso de la petición de permiso. El tiempo de respuesta puede parecer diligente y breve, considerando los plazos de la burocracia, si no fuera porque el período que la Semarnat exige a las personas interesadas para requerir consulta pública es de 10 días. Esa misma secretaría tenía en su posesión la petición comunitaria desde hacía semanas, y no podía alegar desconocimiento de la misma.

La CNDH estableció que la Semarnat actúo correcta, ya que no respondía porque la petición expresa no tenía fecha en su redacción. Por eso la secretaría no respondía cosa alguna. Sofismas ingeniosos de la Comisión Nacional para no reconocer razón a las comunidades.

Dos casos más cercanos en el tiempo tienen relación con la CEDHNL, de actuaciones medrosas y cercanas a las intervenciones del gobierno de Nuevo León. Al saber esa comisión de las amenazas en contra de tres integrantes del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora, decidió resolver medidas cautelares en socorro de dos de las personas intimidadas. Lo que parecía ser una medida positiva a favor de las personas, solo resultó ser una iniciativa que arropa a quienes ocultos y secretos amenazan, involucrando los defensores oficiales de la comunidad como afiliados de esa falsa fantasía protectora a la policía estatal de Nuevo León.

Esa Comisión, de acuerdo a la revisión de la documentación y las comunicaciones personales, considera que las medidas cautelares han sido cubiertas de manera efectiva, porque tiene en posesión dos indicadores firmes y persuasivos. Uno es el inicio de una denuncia en el Ministerio Público (MP), y otra decirle a los policías estatales que se comprometan a respetar la integridad de las personas a quienes se busca proteger.

Pueden pasar los meses o años y la denuncia en el MP no sera resuelta, menos se tendrán avances o tendencias de solución. La policía de Nuevo León en palabras de su dirigente ha dicho que en efecto respetara los derechos y la integridad de las personas amenazadas. La señal de tan efectiva postura es un oficio que contiene las benefactoras acciones a favor de las personas amenazadas. A la CEDHNL le ha bastado un escrito para determinar que las medidas cautelares han sido cubiertas íntegramente; y acriticamente ni siquiera verifica el cumplimiento de estas. La ineficacia de ese organismo esta vista, porque las amenazas se siguen presentando, con o sin las medidas cautelares, eso sin detallar la postura de esa Comisión que parece más defensora de la administración estatal que de la comunidad.

La CEDHNL tiene un concluyente caso más, relacionado también con temas ambientales, movilidad urbana y el derecho a manifestarse libremente. Las agresiones de los guardias del palacio del gobierno de Nuevo León a integrantes de Pueblo Bicicletero, documentadas en video y fotografía, deben ser objetadas por ese organismo defensor. Igual ese gobierno debe modificar sus posturas en contra del bien común, porque ante los señalamientos de las personas agredidas, las expresiones de los policías intimidantes han sido para negar lo ocurrido, y en el ejemplo más acabado del mundo al revés, esos oficiales de la seguridad se han manifestado como los agredidos y amenazados.

La tendencia de la CEDHNL esta delineada claramente, y objetivamente poca esperanza se ha de tener en los dos últimos casos referidos. La justicia ambiental aún es lejana, y el aplazamiento del acceso a la misma se consolida, porque ni por los procedimientos del MP, menos los de la procuraduría ambiental, y como se advierte tampoco con los responsables oficiales en el ámbito de los derechos humanos, se atisba ninguna certidumbre en que el derecho a un medio ambiente sano se reconozca y fortalezca en Nuevo León.

Antonio Hernández Ramírez.

t608138@gmail.com

~ por Antonio Hernández en 27 diciembre, 2010.

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